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San Juan, República Dominicana. — El expresidente Leonel Fernández ha mostrado una evolución en su posición frente al proyecto minero en San Juan, pasando de plantear en 2022 la importancia de realizar estudios de impacto ambiental con respaldo científico, a expresar en 2026 una postura más cercana al reclamo ciudadano de “Agua sí, oro no”.
En declaraciones ofrecidas durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, Fernández sostuvo que oponerse a la minería por el simple hecho de ser minería no tendría sentido, al considerar que los recursos minerales representan una riqueza que puede ser aprovechada, siempre que su explotación se realice en armonía con la preservación de la naturaleza y los recursos naturales.
El exmandatario planteó que la participación de organismos internacionales y entidades científicas independientes podría contribuir a despejar las dudas existentes sobre los posibles efectos de una eventual operación minera sobre las aguas de San Juan.
Fernández también mencionó la posibilidad de involucrar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como a instituciones científicas internacionales especializadas en minería y medioambiente, como una vía para garantizar mayor transparencia y credibilidad en los estudios.
Sin embargo, el debate político y social sobre la minería en San Juan ha tomado una nueva dimensión en 2026, con sectores que defienden de manera firme la consigna “Agua sí, oro no”, ante el temor de que cualquier actividad minera pueda poner en riesgo las fuentes de agua y los ecosistemas de la provincia.
El cambio en el discurso atribuido a Fernández ha generado cuestionamientos entre quienes recuerdan su posición de 2022, cuando defendía la realización de estudios técnicos y de impacto ambiental para determinar científicamente los posibles riesgos de la actividad minera.
Ahora, su postura es observada dentro de un escenario donde la defensa del agua se ha convertido en uno de los principales argumentos de los sectores que rechazan el proyecto minero en San Juan.
El debate continúa abierto entre quienes consideran que la riqueza mineral debe ser aprovechada bajo estrictos controles ambientales y quienes entienden que, por tratarse de una zona estratégica para la producción agrícola y las fuentes hídricas, la protección del agua debe estar por encima de cualquier interés minero.