Seboruco informativo Santo Domingo, RD. Legisladores y sectores vinculados al sistema judicial estudian una propuesta de ley que busca eliminar automáticamente la ficha penal de ciudadanos que hayan cumplido completamente sus condenas, en un plazo de un mes después de haber saldado su deuda con la justicia.
La iniciativa ha generado un amplio debate en distintos sectores de la sociedad, debido a que sus defensores consideran que la medida permitiría una verdadera reinserción social y laboral de miles de personas que, aun después de cumplir condena, continúan enfrentando barreras para conseguir empleo, estudiar o integrarse plenamente a la sociedad.
De acuerdo con los planteamientos iniciales, el proyecto busca que los antecedentes penales sean depurados automáticamente sin necesidad de largos procesos burocráticos, siempre que la persona no tenga casos pendientes ni reincidencia delictiva.
Juristas consultados consideran que mantener de manera indefinida la ficha penal puede convertirse en una condena social permanente que dificulta la rehabilitación de quienes ya cumplieron con las sanciones impuestas por los tribunales.
Sin embargo, otros sectores han expresado preocupación por el impacto que la medida podría tener en áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los procesos de contratación en determinadas instituciones. Algunos entienden que debe existir un equilibrio entre el derecho a la reinserción y la protección de la sociedad.
Especialistas en derecho penal explican que en varios países existen mecanismos similares que permiten borrar o limitar el acceso a antecedentes penales luego de cierto tiempo, especialmente en casos de delitos menores o cuando la persona demuestra buena conducta tras salir del sistema penitenciario.
El proyecto aún se encuentra en fase de estudio y discusión, por lo que podrían producirse modificaciones antes de ser sometido oficialmente para su aprobación.
La propuesta continúa generando opiniones divididas en la población, mientras sectores sociales y jurídicos esperan que cualquier decisión contribuya tanto a la justicia como a la rehabilitación efectiva de los ciudadanos.